Resumen en español

Uno de los principales objetivos de la Ley de Inversión Social fue reactivar la economía de las regiones. Se trata de un reto que implica un compromiso de apoyo y acompañamiento a las entidades territoriales, en distintos frentes, de cara a la recuperación económica. Con la reforma se espera un incremento en los ingresos fiscales, principalmente por el aporte solidario de las empresas y la estrategia de lucha contra la evasión, medidas con las cuales pretendemos recaudar 1,2 % del PIB a partir de 2023. Esto permitirá mayores ingresos para los territorios, que se pueden distribuir vía Sistema General de Participaciones, y será, precisamente, uno de nuestros caballitos de batalla para lograr la reactivación territorial, toda vez que permitirá recursos por $2,7 billones en promedio para 2022-2032, dirigidos a educación, salud, agua potable y propósito general. Columna del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.