Uno de los principales objetivos de la Ley de Inversión Social fue reactivar la economía de las regiones. Se trata de un reto que implica un compromiso de apoyo y acompañamiento a las entidades territoriales, en distintos frentes, de cara a la recuperación económica. Con la reforma se espera un incremento en los ingresos fiscales, principalmente por el aporte solidario de las empresas y la estrategia de lucha contra la evasión, medidas con las cuales pretendemos recaudar 1,2 % del PIB a partir de 2023. Esto permitirá mayores ingresos para los territorios, que se pueden distribuir vía Sistema General de Participaciones, y será, precisamente, uno de nuestros caballitos de batalla para lograr la reactivación territorial, toda vez que permitirá recursos por $2,7 billones en promedio para 2022-2032, dirigidos a educación, salud, agua potable y propósito general.
Columna del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.
